El IFAI no es autoridad reguladora de los partidos políticos o de los candidatos, en el tratamiento que le den a los datos personales
Comunicado
En relación con diversas quejas de personas que reciben llamadas en sus líneas telefónicas domésticas y en sus celulares, y a quienes se hace llegar propaganda y mensajes a sus domicilios particulares y correos electrónicos personales, con promociones de actividades de partidos políticos y de candidatos a cargos de elección popular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) puntualiza lo siguiente:
1) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) otorgan al Instituto atribuciones específicas, para garantizar la debida protección de los datos de las personas en posesión de las dependencias y entidades públicas federales, y de los particulares.
2) La Constitución Política establece en su artículo 41, fracción I, que los partidos políticos son entidades de interés público que, entre otros fines, tienen el de promover la participación de la sociedad en la vida democrática.
3) De acuerdo con dicha naturaleza jurídica, los partidos políticos no forman parte de la Administración Pública Federal y, menos aún, pueden ser considerados como un particular. En consecuencia, el IFAI no es autoridad reguladora de los partidos políticos o de los candidatos, en el tratamiento que le den a los datos personales.
El malestar y preocupación de los ciudadanos por la invasión a su privacidad y el uso que, eventualmente, se pudiera dar a sus datos personales, es un tema de gran relevancia, que debe ser visto con la mayor sensibilidad por todos los actores políticos.
En tal sentido, resultaría conveniente que en la agenda de la próxima reforma electoral, el Congreso de la Unión fortalezca la obligación de los actores políticos en cuanto a la protección de los datos personales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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