Los medios, a veces voluntaria e involuntariamente, nos convertimos en repetidores del discurso oficial y por lo tanto en violadores de derechos: García Soto.
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Los periodistas Ricardo Rocha Reynaga, Salvador García Soto y Mario Campos Cortés coincidieron en señalar que la presentación de personas en medios de comunicación como presuntos responsables de cometer algún delito viola sus derechos humanos y que una tarea pendiente en el gremio periodístico es la profesionalización para no reproducir esta violación.
Durante el Foro “Exhibición de presuntos culpables en medios de comunicación: Una violación a los derechos humanos”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Ricardo Rocha concordó con la postura del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, en el sentido de que la presentación de detenidos violenta la presunción de inocencia.
“La exhibición de detenidos en medios es contraria a la presunción de inocencia, implica un juicio paralelo de orden mediático, vulnera el derecho a la defensa adecuada, constituye un trato cruel, inhumano y degradante, además de estigmatizar a las personas”, expresó al citar la palabras del Presidente de la CDHDF.
En ese sentido, se dijo convencido que el proyecto de sentencia del Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea sobre el caso Florence Cassez logró un avance significativo y un triunfo moral en materia de opinión pública.
Por su parte, Salvador García Soto indicó que una de las aportaciones del citado proyecto del Ministro Saldívar fue poner bajo la lupa el tema del debido proceso.
“Antes de que se presentara muchos mexicanos, incluidos periodistas, no entendíamos que era el debido proceso; sabíamos que había un proceso judicial que tenía que seguirse por partes, pero no que había una serie de pasos que si se violentan hace que se violenten los derechos”, dijo.
El columnista del diario 24 Horas identificó en el debate de la exhibición de presuntos culpables en medios dos clases de responsabilidades: legitimar el discurso oficial y ser parte de un sistema de propaganda gubernamental.
“El tema para mí es cómo pasar de esta práctica en la que los medios, a veces voluntaria e involuntariamente, nos convertimos en repetidores del discurso oficial y por lo tanto en violadores de derechos” subrayó.
Más allá de la responsabilidad ética, comentó, existe un tema de profesionalización, pues la raíz de por qué los medios se convierten en violadores de derechos humanos es la falta de profesionalización.
“Ahí la CDHDF pudiera impulsar la iniciativa en el sentido de que los medios entiendan que la cobertura de los temas de seguridad y justicia deben cambiar si no queremos seguir incurriendo en estos errores y daños”, sentenció.
Igualmente, el periodista Mario Campos Cortés calificó como falso que los únicos responsables de la presentación de presuntos responsables en medios sean las autoridades, porque primero los medios de información deciden si lo transmiten o no y después resuelven cómo se transmite.
El conductor del noticiario Antena Radio de Grupo IMER señaló que la Recomendación 3/2012 de la CDHDF es valiente porque pone el acento en una problemática: cuál es el costo social de esas presentaciones.
Y ahí, enfatizó, los medios de comunicación son responsables. “Con mucha frecuencia presentamos en los primeros planos de la información la aprehensión, pero cuántas veces se da seguimiento a la nota de que no tenía ninguna responsabilidad”, puntualizó.
Señaló que no solamente se mantiene la violación que comete la autoridad, sino que se amplifica.
“Creo que sería una incongruencia el que si estamos de acuerdo en que la autoridad hace mal, los medios no actuemos en consecuencia y no revisemos nuestros propios proceso de cobertura”, finalizó.
Las organizaciones civiles que organizaron junto a la CDHDF el Foro “Exhibición de presuntos culpables en medios de comunicación: Una violación a los derechos humanos”, fueron el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Fundar: Centro de Análisis e Investigación; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México; Artículo XIX y el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia.
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