Invertir para generar mecanismos especializados de protección de datos: Buscaglia

Propuso la creación de una unidad de inteligencia dedicada a evitar el robo sistemático de bases de datos
Se requiere también lograr una mayor armonización entre los marcos legislativos de las entidades y una mayor participación de la sociedad civil, puntualizó



Boletín

Además de generar leyes y recomendaciones para la efectiva protección de datos personales, los gobiernos están obligados a invertir dinero para generar mecanismos especializados y formas más efectivas para proteger las bases de datos y reducir las posibilidades de que sean utilizados por la delincuencia organizada en contra de la población.

Así lo señaló el presidente del Instituto de Acción Ciudadana e Investigador Senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, Edgardo Buscaglia, quien participó en la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Advirtió que pese a esos esfuerzos en México hay todavía un vacío legal muy importante, pues en algunas entidades federativas ni siquiera hay procedimientos para poder proteger esas bases de datos de manera adecuada por lo cual hay necesidad de lograr una mayor armonización entre los marcos legislativos.

Al presentar la Conferencia Magistral “Protección de datos personales para la seguridad pública y procuración de justicia, ponderación de derechos”, propuso que exista una unidad especializada de inteligencia dedicada combatir el robo sistemático de las bases de datos por parte de grupos criminales, además de los órganos especializados de transparencia y de protección de datos personales.

En este proceso, agregó, también tiene que formar parte la sociedad civil, porque si los datos no están protegidos adecuadamente se tienen menos incentivos para participar en la vida política y social. Eso, dijo, afecta la democracia participativa, la vitalidad de la democracia mexicana y a su desarrollo.

Manifestó que con base en estudios que él ha realizado, se ha detectado que en 17 entidades del país los grupos criminales se han infiltrado en las bases de datos de empresas públicas o privadas y de oficinas del sector público para conocer el patrimonio de las personas físicas o morales, quienes son víctimas, de manera sistemática, de extorsiones y secuestros, entre otros graves delitos.

“Los grupos criminales utilizan un padrón, una base de datos, que ha salido de algún lado, mediante el cual eligen a sus víctimas pues les permite conocer no sólo su patrimonio, sino toda la información relativa a su persona y su familia”, subrayó el investigador y puntualizó que existe un enorme vacío legal pues en muchas entidades ni siquiera hay un mecanismo de protección de datos personales.

La premisa, dijo, es que a mayor corrupción existe más infiltración de los grupos criminales en las bases de datos, que se han convertido en un mercado clandestino, informal, en el cual el precio de esta información va de acuerdo al valor patrimonial que representa.

Por ello, subrayó, los estados de la federación están obligados a implementar formas más efectivas para proteger esas bases de datos, no solamente a través de legislaciones y aspectos administrativos, sino de la detección y persecución de ese mercado clandestino.