El empleo de la fuerza debe ser el último recurso.
Fuente: CDHDF
Ante los recientes enfrentamientos entre fuerzas estatales y federales con estudiantes que ocupaban las escuelas normales en las comunidades de Tiripetío, Cherán y Arteaga, del estado de Michoacán, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llama a privilegiar el diálogo para la resolución de los conflictos, antes de emplear la fuerza pública, pues su ejercicio debe considerarse un último recurso.
En caso de ser necesario el uso de la fuerza pública, éste debe ser proporcional a los actos que generaron la misma por lo que, frente a las evidencias que apuntan a un uso desproporcionado o excesivo de la fuerza, las autoridades competentes deben investigar y deslindar las responsabilidades que se deriven del despliegue realizado por las policías locales y federales.
La CDHDF considera fundamental que se respalden las iniciativas que promueven los procesos de diálogo y mediación entre las y los normalistas y las autoridades, y confía en que la forma en que se ejerció la fuerza pública en este caso no sienta un precedente en el país contrario a los derechos y principios que sostienen el Estado Democrático de Derecho.
Fuente: CDHDF
Ante los recientes enfrentamientos entre fuerzas estatales y federales con estudiantes que ocupaban las escuelas normales en las comunidades de Tiripetío, Cherán y Arteaga, del estado de Michoacán, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llama a privilegiar el diálogo para la resolución de los conflictos, antes de emplear la fuerza pública, pues su ejercicio debe considerarse un último recurso.
En caso de ser necesario el uso de la fuerza pública, éste debe ser proporcional a los actos que generaron la misma por lo que, frente a las evidencias que apuntan a un uso desproporcionado o excesivo de la fuerza, las autoridades competentes deben investigar y deslindar las responsabilidades que se deriven del despliegue realizado por las policías locales y federales.
La CDHDF considera fundamental que se respalden las iniciativas que promueven los procesos de diálogo y mediación entre las y los normalistas y las autoridades, y confía en que la forma en que se ejerció la fuerza pública en este caso no sienta un precedente en el país contrario a los derechos y principios que sostienen el Estado Democrático de Derecho.
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