En el Distrito Federal existe una anarquía desmedida en el crecimiento de urbano de la ciudad, que deriva en el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, en la falta de certeza jurídica con respecto a los usos de suelo y en autorizaciones inexplicables en cuanto a las alturas, criterios de áreas permeables o de restricción, entre otros problemas afirmaron los diputados Gabriela Salido Magos y Andrés Sánchez Miranda, del PAN.
En el marco de la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal Fernández, la legisladora lamentó que en la ciudad 35 Programas Parciales de Desarrollo Urbano, de los 45 existentes estén vencidos. En tanto siete están por vencerse en los próximos doce meses.
“Esta Asamblea Legislativa, tendrá que enmendarle la plana al Gobierno y a su Secretaría, para que quede perfectamente claro, lo que para algunos si lo está, pero para otros por interpretación no: prolongar la vigencia de los Programas Parciales existentes hasta que se expidan nuevos, para evitar la rendija legal por la cual algunos se puedan colar”, dijo.
Salido Magos cuestionó los 49 procedimientos de revocación que se han iniciado por usos de suelo en diversas partes de la ciudad por señalamiento vecinal, toda vez que la autoridad pasó por alto su revisión. Adicionalmente, comentó, existen un sin número de usos de suelo apócrifos que circulan por toda la ciudad por la incapacidad de transparentar los usos existentes.
Precisó el caso de Ciber México, empresa que mediante decenas de amparos obtuvo los usos de suelo correspondientes, aún y cuando la vigencia de las manifestaciones de construcción estaba en duda.
Por su parte, el diputado Andrés Sánchez Miranda destacó la importancia del rescate del espacio público, ya que éste se ha perdido en las edificaciones que hoy se erigen en la ciudad, por lo que cuestionó la cantidad de estos espacios y el costo que representará su recuperación.
Lamentó la corrupción existente en la obtención de permisos para obra pública a través de la presentación de documentación falsa, delito que no sólo cometen empresas que se dedican a la edificación de viviendas de interés social y popular, sino también constructoras de gasolineras, plazas comerciales y diversos establecimientos mercantiles con venta de alcohol, casos en los que el descontento de la ciudadanía y jefes delegacionales, como los de Coyoacán y Tlalpan, ya se han hecho presente.
En el marco de la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal Fernández, la legisladora lamentó que en la ciudad 35 Programas Parciales de Desarrollo Urbano, de los 45 existentes estén vencidos. En tanto siete están por vencerse en los próximos doce meses.
“Esta Asamblea Legislativa, tendrá que enmendarle la plana al Gobierno y a su Secretaría, para que quede perfectamente claro, lo que para algunos si lo está, pero para otros por interpretación no: prolongar la vigencia de los Programas Parciales existentes hasta que se expidan nuevos, para evitar la rendija legal por la cual algunos se puedan colar”, dijo.
Salido Magos cuestionó los 49 procedimientos de revocación que se han iniciado por usos de suelo en diversas partes de la ciudad por señalamiento vecinal, toda vez que la autoridad pasó por alto su revisión. Adicionalmente, comentó, existen un sin número de usos de suelo apócrifos que circulan por toda la ciudad por la incapacidad de transparentar los usos existentes.
Precisó el caso de Ciber México, empresa que mediante decenas de amparos obtuvo los usos de suelo correspondientes, aún y cuando la vigencia de las manifestaciones de construcción estaba en duda.
Por su parte, el diputado Andrés Sánchez Miranda destacó la importancia del rescate del espacio público, ya que éste se ha perdido en las edificaciones que hoy se erigen en la ciudad, por lo que cuestionó la cantidad de estos espacios y el costo que representará su recuperación.
Lamentó la corrupción existente en la obtención de permisos para obra pública a través de la presentación de documentación falsa, delito que no sólo cometen empresas que se dedican a la edificación de viviendas de interés social y popular, sino también constructoras de gasolineras, plazas comerciales y diversos establecimientos mercantiles con venta de alcohol, casos en los que el descontento de la ciudadanía y jefes delegacionales, como los de Coyoacán y Tlalpan, ya se han hecho presente.
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