El Acto público de reconocimiento se llevará a cabo el lunes 1º de octubre a las 12:00 horas en la CDHDF.
Participará la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez.
Se realizará en presencia de familiares y representantes de las víctimas.
Fuente: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que con motivo de la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, este lunes 1º de octubre se llevará a cabo el “Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano”, en el cual participará la titular de Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, así como representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El Acto se realizará ante la presencia de los familiares de Jesús Ángel, entre ellos su madre, la señora Guadalupe Olvera López. También participan el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, y la Directora del Programa para América Central y México, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño, en calidad de representantes de las víctimas.
Cabe destacar que el Ombudsman capitalino en su calidad de co-peticionario junto con CEJIL y familiares de la víctima, participaron en una audiencia sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, en octubre de 2011.
Cabe destacar que el Ombudsman capitalino en su calidad de co-peticionario junto con CEJIL y familiares de la víctima, participaron en una audiencia sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, en octubre de 2011.
El resto de las Comisiones de nueva creación son: Agua Potable y Saneamiento; Asuntos Frontera Norte; Asuntos Frontera Sur-Sureste; Asuntos Migratorios; Cambio Climático; Competitividad; Deporte; Ganadería; Infraestructura, y Protección Civil.
El Acto público de reconocimiento de responsabilidad se da en cumplimiento al Convenio de Solución Amistosa, celebrado entre el Gobierno de México, familiares y representantes de la víctima el 4 de mayo pasado.
El Convenio considera, además de la aceptación de responsabilidad del Estado mexicano, reparación de daño, dentro de los cuales se encuentra el rubro de restitución, cuyas acciones se vinculan con la labor de investigación. De igual forma, incluyen los apartados de indemnización pecuniaria, rehabilitación, garantías de no repetición y medidas de satisfacción.
Los hechos
El 14 de marzo de 2002, Jesús Ángel Olvera (de 24 años) fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido por parte de policías federales adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Fue llevado a las instalaciones de la PGR; pese a que se cuenta con declaraciones de testigos sobre la detención, no existe registro oficial alguno de la misma. Además, existen testimonios sobre la tortura perpetrada durante su interrogatorio y de haber perdido la vida durante su estancia en las instalaciones estatales.
En octubre de 2002, la CDHDF solicitó el otorgamiento de medidas cautelares a favor de familiares y testigos de la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, mismas que se otorgaron el 11 de octubre de 2002. Con estas medidas, la CIDH solicitó al Gobierno de México: la adopción de medidas concretas, con carácter urgente, a efecto de la protección de los familiares de la víctima y, la investigación de manera rápida y efectiva de los hechos denunciados.
Cabe destacar que la madre de Jesús Ángel fue detenida el 15 de septiembre de 2009 por presunta posesión y venta de estupefacientes en su domicilio. Al momento de su detención, la señora Olvera y los hermanos de Jesús Ángel contaban con custodia de otros agentes federales que ejecutaban las medidas cautelares de protección ordenadas por la CIDH. En la detención, los policías federales no les mostraron orden de cateo alguna o les informaron el motivo de sus acciones. La señora ha señalado reiteradamente que el día de la detención los policías se robaron muchos documentos relacionados con la búsqueda y el expediente sobre la desaparición de Jesús Ángel.
Tras ser procesada penalmente por delitos contra la salud y permanecer privada de su libertad un año en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, el 7 de octubre de 2010 obtuvo su libertad por sentencia absolutoria.
El 3 julio de 2003, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la CIDH una denuncia por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera cometida por agentes estatales de los Estados Unidos Mexicanos, así como la falta de investigación y reparación de los hechos denunciados, misma que fue registrada como la Petición 497-03.
El 1 de noviembre de 2010, mediante el Informe No. 147/10, la CIDH declaró la admisibilidad del caso registrado como 12.791 para efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En febrero de 2011, la CDHDF en calidad de representante de las víctimas conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron las observaciones sobre el fondo del caso por diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y sus familiares.
En esta Audiencia, la madre de la víctima, señora Guadalupe Olvera López, solicitó que el Estado mexicano realizara las diligencias para la localización de su hijo, y una eficaz investigación a fin de llevar a juicio a todos los responsables de la desaparición de Jesús Ángel. Lo anterior, toda vez que sólo uno de los servidores públicos denunciados ha sido sentenciado por el delito de desaparición forzada de personas, con una pena de nueve años cuatro meses y 15 días de prisión.
La señora Olvera López también refirió entonces la existencia de un procedimiento de extinción de dominio en su agravio, respecto del cual solicitó su resolución inmediata y la devolución de su bien inmueble.
Ya que en la Audiencia, los representantes del Estado mexicano señalaron total apertura para avanzar en el caso, el Relator Especial de la CIDH para México y sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, Rodrigo Escobar Gil, planteó la posibilidad de una amigable conciliación que sirviera de paliativo a lo sufrido por los familiares de la víctima y como un modo de resarcir los problemas enfrentados hasta ese momento.
Así, el 20 de noviembre de 2011, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, entregó física y materialmente a la señora Guadalupe Olvera López, el inmueble del que es propietaria.
Por lo anterior, el “Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano”, en el cual participarán PGR, SEGOB y SRE se llevará a cabo este lunes 1º de octubre a las 12:00 horas en el Salón Digna Ochoa de la CDHDF.
Participará la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez.
Se realizará en presencia de familiares y representantes de las víctimas.
Fuente: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que con motivo de la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, este lunes 1º de octubre se llevará a cabo el “Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano”, en el cual participará la titular de Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, así como representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El Acto se realizará ante la presencia de los familiares de Jesús Ángel, entre ellos su madre, la señora Guadalupe Olvera López. También participan el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, y la Directora del Programa para América Central y México, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño, en calidad de representantes de las víctimas.
Cabe destacar que el Ombudsman capitalino en su calidad de co-peticionario junto con CEJIL y familiares de la víctima, participaron en una audiencia sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, en octubre de 2011.
Cabe destacar que el Ombudsman capitalino en su calidad de co-peticionario junto con CEJIL y familiares de la víctima, participaron en una audiencia sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, en octubre de 2011.
El resto de las Comisiones de nueva creación son: Agua Potable y Saneamiento; Asuntos Frontera Norte; Asuntos Frontera Sur-Sureste; Asuntos Migratorios; Cambio Climático; Competitividad; Deporte; Ganadería; Infraestructura, y Protección Civil.
El Acto público de reconocimiento de responsabilidad se da en cumplimiento al Convenio de Solución Amistosa, celebrado entre el Gobierno de México, familiares y representantes de la víctima el 4 de mayo pasado.
El Convenio considera, además de la aceptación de responsabilidad del Estado mexicano, reparación de daño, dentro de los cuales se encuentra el rubro de restitución, cuyas acciones se vinculan con la labor de investigación. De igual forma, incluyen los apartados de indemnización pecuniaria, rehabilitación, garantías de no repetición y medidas de satisfacción.
Los hechos
El 14 de marzo de 2002, Jesús Ángel Olvera (de 24 años) fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido por parte de policías federales adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Fue llevado a las instalaciones de la PGR; pese a que se cuenta con declaraciones de testigos sobre la detención, no existe registro oficial alguno de la misma. Además, existen testimonios sobre la tortura perpetrada durante su interrogatorio y de haber perdido la vida durante su estancia en las instalaciones estatales.
En octubre de 2002, la CDHDF solicitó el otorgamiento de medidas cautelares a favor de familiares y testigos de la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, mismas que se otorgaron el 11 de octubre de 2002. Con estas medidas, la CIDH solicitó al Gobierno de México: la adopción de medidas concretas, con carácter urgente, a efecto de la protección de los familiares de la víctima y, la investigación de manera rápida y efectiva de los hechos denunciados.
Cabe destacar que la madre de Jesús Ángel fue detenida el 15 de septiembre de 2009 por presunta posesión y venta de estupefacientes en su domicilio. Al momento de su detención, la señora Olvera y los hermanos de Jesús Ángel contaban con custodia de otros agentes federales que ejecutaban las medidas cautelares de protección ordenadas por la CIDH. En la detención, los policías federales no les mostraron orden de cateo alguna o les informaron el motivo de sus acciones. La señora ha señalado reiteradamente que el día de la detención los policías se robaron muchos documentos relacionados con la búsqueda y el expediente sobre la desaparición de Jesús Ángel.
Tras ser procesada penalmente por delitos contra la salud y permanecer privada de su libertad un año en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, el 7 de octubre de 2010 obtuvo su libertad por sentencia absolutoria.
El 3 julio de 2003, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la CIDH una denuncia por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera cometida por agentes estatales de los Estados Unidos Mexicanos, así como la falta de investigación y reparación de los hechos denunciados, misma que fue registrada como la Petición 497-03.
El 1 de noviembre de 2010, mediante el Informe No. 147/10, la CIDH declaró la admisibilidad del caso registrado como 12.791 para efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En febrero de 2011, la CDHDF en calidad de representante de las víctimas conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron las observaciones sobre el fondo del caso por diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y sus familiares.
En esta Audiencia, la madre de la víctima, señora Guadalupe Olvera López, solicitó que el Estado mexicano realizara las diligencias para la localización de su hijo, y una eficaz investigación a fin de llevar a juicio a todos los responsables de la desaparición de Jesús Ángel. Lo anterior, toda vez que sólo uno de los servidores públicos denunciados ha sido sentenciado por el delito de desaparición forzada de personas, con una pena de nueve años cuatro meses y 15 días de prisión.
La señora Olvera López también refirió entonces la existencia de un procedimiento de extinción de dominio en su agravio, respecto del cual solicitó su resolución inmediata y la devolución de su bien inmueble.
Ya que en la Audiencia, los representantes del Estado mexicano señalaron total apertura para avanzar en el caso, el Relator Especial de la CIDH para México y sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, Rodrigo Escobar Gil, planteó la posibilidad de una amigable conciliación que sirviera de paliativo a lo sufrido por los familiares de la víctima y como un modo de resarcir los problemas enfrentados hasta ese momento.
Así, el 20 de noviembre de 2011, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, entregó física y materialmente a la señora Guadalupe Olvera López, el inmueble del que es propietaria.
Por lo anterior, el “Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano”, en el cual participarán PGR, SEGOB y SRE se llevará a cabo este lunes 1º de octubre a las 12:00 horas en el Salón Digna Ochoa de la CDHDF.
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